Integrantes de la asociación barakaldesa contra la exclusión social denuncian que “el decreto que regula las ayudas de emergencia contempla recortes denunciados por el Ararteko, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias barakaldesas para hacer frente a sus necesidades más básicas.”
La plataforma contra la precariedad y la pobreza, Berri-Otxoak, reitera que “la falta de un presupuesto suficiente para las ayudas de emergencia conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso o reducir de forma sistemática la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más grave si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la actual crisis energética, bélica e incremento descontrolado de la inflación.”
Sin embargo los presupuestos aprobados para este año contemplan un incremento del gasto en sueldos de Alcaldesa, liberados del equipo de gobierno, aumento del número de asesores y cargos de confianza.
Hay que tener en cuenta que el pasado año cerca de 1.000 familias solicitaron una ayuda económica municipal, cuyo presupuesto es de 954.465 este año. Mientras que 30 personas que conforman los partidos del gobierno local (Alcaldesa, concejales liberados, asesores, administrativos y cargos de confianzas) se embolsan casi dos millones y medio de euros; en concreto 2.374.266,96 euros.
Berri-Otxoak ha señalado que “la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, cobra 96.809 euros (79.600 euros en salario y 17.209 en cotización a la seguridad social). En muchos casos más que algunos de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez; o presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Baleares, Murcia, Canarias o Asturias. Además, su remuneración es superior al de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo y Gijón (ciudades que triplican en residentes a la localidad fabril).”
Los presupuestos aprobados para este año han supuesto un considerable aumento de lo que suponen a las arcas municipales los salarios de Alcaldesa y concejales liberados. Siendo el presupuesto destinado 1.314.294,44 euros anuales (1.058.575,44 euros en salarios y 255.719 en cotizaciones a la Seguridad Social).
El acuerdo de gobierno para esta próxima legislatura también ha conllevado una ampliación de 4 a 6 asesores del Gobierno local del PNV-PSE; a sumar el cargo de confianza que supone el secretario de Alcaldía. En total son 7 personas que cuestan a las cuentas del consistorio 623.921,06 euros (498.928,15 en salarios y 124.992,91 en cotizaciones a la seguridad social).
Además, se asignan 119.000 euros a cada uno de los partidos que conforman los órganos de gobierno del consistorio, PNV y PSE. A sumar el desembolso que representa que ambos partidos cuenten para su grupo municipal de un asesor y un administrativo. En total otras 4 personas que cuestan 198.051,46 euros (148.799 euros en salarios y 49.252,46 euros en cotizaciones a la seguridad social).
La plataforma contra la pobreza constata que visto este derroche “el equipo de gobierno no tiene ninguna excusa para no comprometerse con las familias precarizadas y empobrecidas de la localidad”.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 31 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 16.200 familias.
