En concreto, según Berri-Otxoak, el dinero que se destina a las familias en situación de pobreza ha bajado a 954.465,00 euros, lo que supone casi 33.000 euros menos que el año pasado. Además, el área de Acción Social (PNV) desoye advertencias del Defensor del Pueblo y "endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias para necesidades más básicas".
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Comunicado de Berri-Otxoak
Denuncian en traje de baño ante el Ayuntamiento de Barakaldo los nuevos recortes a las ayudas de emergencia social bajo el lema “Los recortes no se van de vacaciones”
- Activistas de la plataforma barakaldesa contra la pobreza, Berri-Otxoak, protestan en traje de baño contra la decisión del Ayuntamiento de Barakaldo de reducir el presupuesto en la convocatoria de las ayudas económicas municipales para este año
- El área de Acción Social ha aprobado en pleno verano -una vez agotado el presupuesto asignado por el Gobierno Vasco para Ayudas de Emergencia Social, 1.952.096 euros- el decreto que regula las ayudas económicas municipales, las cuales este año disponen de un presupuesto de 954.465,00; reduciéndose en un 3,55% en comparación al año pasado cuando el presupuesto fue de 987.444,60 euros. Este recorte en el presupuesto alcanza el 27% frente a los 1.300,000,00 del año 2021
- El decreto municipal también contempla recortes denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas
Protestan en traje de baño contra la decisión del Ayuntamiento de Barakaldo de reducir el presupuesto en la convocatoria de las ayudas económicas municipales para este año, de las que dependen cerca de 1.000 familias de la localidad.
Activistas de la plataforma barakaldesa contra la pobreza, Berri-Otxoak, denuncian en traje de baño ante el Ayuntamiento de Barakaldo los nuevos recortes en las ayudas de emergencia social bajo el lema “En Barakaldo los recortes no se van de vacaciones”.
El área de Acción Social ha aprobado en pleno verano -una vez agotado el presupuesto asignado por el Gobierno Vasco para Ayudas de Emergencia Social, 1.952.096 euros- el decreto que regula las ayudas económicas municipales, las cuales este año disponen de un presupuesto de 954.465,00; reduciéndose en un 3,55% en comparación al año pasado cuando el presupuesto fue de 987.444,60 euros. Este recorte en el presupuesto alcanza el 27% frente a los 1.300,000,00 del año 2021.
El Decreto municipal también contempla recortes denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.
La asociación barakaldesa afirma que estas decisiones políticas no son producto de la casualidad. “La falta de un presupuesto suficiente conlleva recortes a las cuantías, su acceso y que queden desatendidas familias necesitadas de ayuda”, ha denunciado.
Cuando aumenta la inflación y las dificultades de las familias barakaldesas para atender sus necesidades más básicas -como vivienda o alimentación- el gobierno local decide recortar cuantías, dificultar el acceso a las ayudas de emergencia, no ampliar los servicios sociales municipales y mantener la falta de recursos de urgencia.
Además, de la reducción del presupuesto para atender las necesidades de cientos de familias barakaldesas también se aplican recortes denunciados hasta por el Ararteko. En concreto:
-Establecer límites de patrimonio ilegales, ya denunciados por el Ararteko en el año 2015. Denuncia reiterada en 2022 por parte de la defensoría del pueblo. El Gobierno Vasco establece una horquilla entre 48.000 y 75.000 euros. El equipo de gobierno ha decidido establecer el límite de ahorro en 20.000 euros. Lo que perjudica principalmente a pensionistas y familias desempleadas o con empleos precarios y que deben hacer frente a altas hipotecas.
-En julio de 2022 el Defensor del Pueblo denunció al Ayuntamiento de Barakaldo por el formulario de acceso a las ayudas de emergencia. Este año vuelve a incumplir esta resolución al negar a las familias la petición simultánea de una ayuda para alquiler -o hipoteca- y la cobertura de necesidades básicas como alimentación, la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, oculista y tratamientos) o los gastos de comunidad, luz y agua mediante una cláusula adicional en el formulario de solicitud.
-Demorar hasta cinco meses la atención y concesión de las ayudas de emergencia, cuando los expedientes se deben resolver en menos de 2 meses.
-Recortar la cuantía máxima establecida por el Gobierno Vasco en 2.500€ para atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación a 1.200€.
-Recortar los 1.850€ para gastos de adaptación y reparaciones de la vivienda a 600€.
-Recortar en gastos y mantenimiento de la vivienda habitual (Agua, IBI, Alcantarillado, Seguro, Comunidad), de 900€ a 700€ o 500€, si se reside en una vivienda en alquiler.
-Recortar la cantidad destinada a gastos de instalaciones básicas de la vivienda de 1.850€ a 600€.
-Recortar la cuantía correspondiente a energía de 1.500€ a los 500€ o a 200€, si se tiene concedido el bono social.
-Recortar la partida destinada a garantizar el acceso a electrodomésticos básicos: de 1.850€ a 750€.
Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, el equipo de gobierno ha decidido conscientemente dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurecer los requisitos de acceso y recortar la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 15.000 familias.
