Estando en campaña electoral, las promesas de hoy se pueden olvidar mañana. Por tanto, nuestra favorable valoración incluye el necesario control y, si fuese preciso, la correspondiente denuncia, para que el Gobierno cumpla sus compromisos. Además, aunque la reforma no sea negativa, sigue sin atender dos demandas necesarias para que las pensiones públicas sean suficientes y justas: equiparar la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional (SMI) y distribuir de modo igualitario la revalorización anual, sin aplicar porcentajes que intensifican las desigualdades.
La medida más preocupante de esta reforma era el periodo de cálculo de las futuras pensiones. Se temía que llegase a abarcar toda la vida laboral, sin embargo, habrá dos opciones: mantener los 25 años que ya están en vigor, o 29 años suprimiendo los dos peores. Dentro de 20 años quedará la segunda posibilidad. El plazo es tan largo que no se puede predecir lo que llegará a ocurrir.
Los beneficios de esta reforma demuestran que si se destopasen por completo sueldos superiores a 54.000 euros anuales, que en el caso de directivos de empresas multinacionales, energéticas, banca y telefonía, alcanzan cifras millonarias, la sostenibilidad del sistema público de pensiones estaría plenamente garantizada. Sin embargo, se aplicará de forma limitada y a muy largo plazo.
La mejora de las pensiones mínimas y la reducción de la brecha de género se aplicarán también en periodos de tiempo largos y su viabilidad no está suficientemente garantizada. Sin medidas más contundentes no resultará fácil bajar la brecha de género entre hombres y mujeres del 30% al 5%, ni aliviar la penuria de las pensiones más bajas.
Toca vigilar que el actual Gobierno de coalición cumpla sus compromisos, además de impedir que lleguen a gobernar las derechas que amenazan con anular las medidas positivas de la reforma.
Urge destopar las cotizaciones, suprimir los privilegios de las clases adineradas, para poder atender las necesidades más inmediatas con recursos propios de la Seguridad Social.
Mientras estas demandas no se hagan realidad seguirá siendo necesario reclamar la equiparación de la pensión mínima con el SMI y una revalorización anual idéntica para todas las pensiones, sin olvidar que hace falta eliminar las desgravaciones fiscales de los productos financieros de empleo (denominadas EPSV en Euskadi)
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y TODO LO PUBLICO SE DEFIENDEN!
¡EL PUEBLO INFORMADO Y CONCIENCIADO JAMAS SERA DOBLEGADO!
Barakaldo a 22 de marzo de 2023
Volveremos de nuevo a la Herriko Plaza el próximo miércoles 29 de marzo de 2023 a las 12.00 para continuar nuestra lucha en Defensa del Sistema Público de Pensiones, de los pensionistas más desfavorecidos y de todos los Sistemas Públicos.
