El Estado de Derecho es uno de los pilares de la democracia española, clave de bóveda de cualesquiera actuaciones públicas y garantía de la convivencia ciudadana. Para consolidar ese marco de protección, nuestro país debe no solo desincentivar conductas consideradas reprochables, sino asegurar un tratamiento civil o penal que castigue los ilícitos cometidos. Estos objetivos son más importantes si cabe en el ámbito de la violencia de género, que implica los derechos de libertad e indemnidad sexual. La violencia de género es una de las manifestaciones más crueles e inhumanas del fracaso en la convivencia entre hombres y mujeres. Esta lacra social erosiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual, así como la integridad física y moral, e incluso la vida de las mujeres. La violencia de género también afecta al bienestar y desarrollo físico y psicológico.
España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género, desplegando una adecuada protección en materia de violencia de género desde la normativa nacional e internacional, destacando aquí el Convenio de Estambul o el Convenio de Varsovia. A nivel nacional, nuestro país cuenta con la Ley de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma referente en la protección de las víctimas de violencia de género. Estas leyes complementan la tipificación penal propia de los distintos delitos que afectan a la libertad e indemnidad sexual.
Además, muestra del espíritu de consenso político que debe dominar estas políticas, en diciembre de 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que impulsó el Partido Popular y dotó económicamente el Gobierno de Mariano Rajoy con 1.000 millones de euros. El Pacto fue ratificado por los Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales y destinó, entre 2018 y 2022, un total de 100 millones de euros entre Entidades Locales, 500 millones entre Comunidades Autónomas y 400 millones entre los organismos competentes de la Administración General del Estado.
Todo ello para luchar contra la violencia de género en áreas como sensibilización y prevención; respuesta institucional; ayuda y protección a las víctimas; o asistencia y protección de los menores.
Sin embargo, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del "solo sí es sí", ha modificado el Título VIII del Código Penal en lo relativo a los delitos denominados actualmente de libertad sexual. Ahora todos estos delitos son considerados agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían en abusos o agresiones sexuales, según su gravedad. Aún más grave, las penas de estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por estos hechos podrán acogerse a una reducción de sus penas, por la aplicación obligatoria del principio de norma más favorable para el reo, en base al artículo 2 del Código Penal. Una circunstancia de la que el Grupo Parlamentario Popular avisó durante la tramitación de la Ley, siendo entonces acusados sus diputados de difundir bulos, por parte de la colación de Gobierno.
Esos bulos resultaron ser verdades. Las consecuencias de la inacción gubernamental se observan hoy. Pocos meses después de la aprobación de la Ley del "solo sí es sí" por parte del Gobierno y a instancias del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, más de 160 agresores sexuales han visto rebajadas sus penas.
Esta situación es inaceptable. La Ley del "solo sí es sí" se ha demostrado claramente ineficaz en lograr sus objetivos de protección de las mujeres. No protege a las mujeres de hoy ni a las víctimas de ayer y solo favorece la revictimización. Por si no fuera suficientemente grave la situación, ante, las críticas de la judicatura y de la opinión pública al Ministerio de Igualdad, primero la ministra Irene Montero acusó a los jueces de "machistas" que aplican defectuosamente la Ley, con alguno de sus diputados considerándolos incluso "fachas con toga". Recientemente, la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, restó relevancia a las excarcelaciones de agresores sexuales, aduciendo que "a lo mejor [el agresor] va a la cárcel después de haber asesinado ya". Poner en duda la necesidad de la aplicación del Código Penal es burlarse de las víctimas. Ángela Rodríguez además relativizó sobre las "oleadas" de condenados por delitos sexuales ahora en libertad, argumentando que las críticas a la Ley eran "bulos, noticias falsas y manipulaciones".
Esos bulos resultaron de nuevo ser verdades, como las cifras de excarcelados tras la entrada en vigor de la Ley del "solo sí es si" atestigua. De nuevo, más de 160 agresores sexuales han visto rebajadas sus penas.
Por la dignidad y derechos de las víctimas, el Partido Popular considera que la gravedad de los hechos y la alarma social generada por la irresponsabilidad e inacción del Ministerio merecen una respuesta clara y urgente. Es palmario el nulo rigor del Ministerio de Igualdad de Irene Montero durante estos años de Gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, la responsabilidad no es solo de las responsables del Ministerio, sino del Gobierno del que depende y su Presidente, Pedro Sánchez, que respaldó la aprobación de la Ley del "solo sí es sí" y nombró a Irene Montero Ministra.
Por tanto, en vista de las declaraciones políticas, así como de continuas excarcelaciones de agresores sexuales producidas por la inacción del Gobierno y Ministerio de Igualdad, EL PLENO del Ayuntamiento de Barakaldo
ACUERDA
1. Instar al Gobierno a destituir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la Secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, por las irresponsables e indignas declaraciones efectuadas y por la inacción legislativa para proteger a las mujeres. Para ello, propone al Gobierno:
-Que pidan disculpas, rectifiquen y sean cesadas inmediatamente tanto la ministra, Irene Montero, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, respecto a sus declaraciones a jueces y partidos políticos en la aplicación de la Ley del "solo sí es sí";
-Que se retomen los trabajos para la continuidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotándolo de fondos para su aplicación plurianual, en coordinación con los Partidos Políticos, Comunidades Autónomas y Entidades Locales;
-Que se colabore con todas la Comunidades Autónomas en la discusión, elaboración e implantación de medidas sobre violencia de género, desde el marco de consenso que ofrece la Conferencia Sectorial de Igualdad;
-Que el Ayuntamiento no participe en ningún acto institucional o protocolario con presencia de altos cargos del Ministerio, en señal de solidaridad con todas las víctimas, hasta que no se cumplan las exigencias de rectificación y cese aquí planteadas. El Partido Popular no participará en ningún acto de este tipo en el que el Ministerio tome parte."
Fdo.- Víctor Rodríguez
Portavoz
