Tras un minuto de silencio por los fallecidos durante la pandemia, y después de dar los avisos habituales, glosaron los logros conseguidos en estos cuatro años de movilización: que las pensiones se revaloricen anualmente en base al IPC (aunque no sea el real), demostrar que el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible si se le libera de gastos que le son impropios; igualmente dicen sentirse orgullosos y orgullosas de la denuncia hecha sobre el deterioro del sistema público de sanitario y socio sanitario, y enunciaron otras reivindicaciones aún pendientes y que la actual reforma de pensiones de 2021 no recoge (1080 € pensión mínima, brecha de género, etc…) por lo que prometieron seguir la lucha en la calle apoyando, además, las luchas de trabajadores en activo, ya que se sienten miembros de la misma clase trabajadora y porque no hay buenas pensiones sin trabajo de calidad.
Denunciaron que ante la ola Omicron, en las residencias y debido a la falta de personal y de medios en general, se vuelven a usar los mismos métodos inhumanos que ya fueron denunciados en la primera ola: el aislamiento absoluto de las personas mayores. “ No han aprendido nada. No han corregido nada.”
A continuación sus portavoces abundaron en las consecuencias de las grandes subidas de precios que tendrán que afrontar este año con una subida del 2,5 % en pensiones ( no todas) y de un 1,5 % en salarios: Según datos del INE, algunos bienes básicos como los gastos del hogar (limpieza, comida, luz,…) están un 20 % más caros que el año pasado por estas fechas; El transporte, el ocio y otras cosas, aunque menos, también subirán ; de media, la subida se ha calculado en un 6,7 %; pero, aseguran: “lo que más subirá es lo más necesario, lo que no se puede eludir, ya que los alimentos no pueden bajar del coste de producción.”
Concluyen con la denuncia de que tras una aparente subida de sueldos y pensiones, el poder adquisitivo de los mismos va a disminuir. (entre un 6 % y un 18 % según el artículo o servicio demandado)
Ante esta realidad inminente, apelaron a la intervención de un gobierno estatal que se dice progresista, y que “dice mirar por los intereses de la gente corriente, pero cuya iniciativa en este sentido, no llega; en cambio, se inhibe ante la desaforada subida de la electricidad y carburantes, y de las grandes compañías energéticas”.
Igualmente, y para finalizar, pidieron a las instituciones vascas, que tomen cartas en el asunto, complementando los ingresos de las familias pensionistas hasta los demandados 1080€ mensuales.