Integrantes de la asociación barakaldesa contra la pobreza denuncian que el equipo de gobierno vuelve a congelar, por noveno año consecutivo, las ayudas económicas municipales en 960.000 euros. Prestaciones sociales de las que dependen 1.000 familias.
Desde la plataforma Berri-Otxoak han declarado que “la falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del coronavirus”.
Un año más se sigue sin atender las situaciones de precariedad, desempleo y pobreza que viven miles de familias del municipio. Como ejemplo: desde el pasado 21 de octubre no se atiende ninguna petición de acceso a una ayuda de emergencia, al estar cerrado el plazo de solicitudes.
Estos recortes son más graves si tenemos en cuenta que a pesar de las situaciones de gran precariedad vividas actualmente en Barakaldo, el gobierno local ha optado por incrementar sus sueldos en un 5%, alcanzando los 2 millones de euros, en concreto 1.994.134,59 euros.
Alcaldesa, concejales liberados, asesores y cargos de confianza incrementan su salario base en un 6’3% llegando a los 1.224.990,65 euros. A sumar el incremento del 2% en sus cotizaciones a la Seguridad Social, siendo el presupuesto destinado 605.592,60 euros; y 41.073,34 euros en retribuciones complementarias. Además, de 122.478 euros de asignación nominal a los partidos que conforman los órganos de gobierno del consistorio, PNV y PSE.
La asociación barakaldesa ha añadido que visto este derroche “el equipo de gobierno no tiene ninguna excusa para comprometerse con las familias económicamente más vulnerables de la localidad”.
Las personas participantes en la movilización han exigido una política social y presupuestaria consecuente con la actual situación de crisis provocada por la pandemia, que requiere de una mayor inversión en protección social, en personal de los servicios municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias con más dificultades económicas de la localidad sea prioritaria.
La plataforma contra la pobreza constata que “debido al alto coste de los alquileres y la situación económica que se afronta actualmente, cada vez son más familias, muchas con menores a cargo, las que se ven obligadas a residir en una habitación teniendo que prescindir de alimentarse adecuadamente y/o de ir al dentista, entrando en una dinámica en que deben anteponer el pago de su habitación a la alimentación o salud de sus familiares”.
A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras injustificables en la resolución de los expedientes de hasta de 7 meses, para unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.
Las personas activistas de Berri-Otxoak han exigido al equipo de gobierno que “no se lave las manos” ante las situaciones de precariedad y pobreza que sufre buena parte de las familias barakaldesas.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en agosto de 1992, y en sus casi 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado ya 14.000 familias.
