¿No dan un mejor servicio quienes conocen las dos lenguas oficiales? El conocimiento del castellano es obligatorio, lo que también puede discriminar a las personas que no conocen el castellano, como por ejemplo, a personas euskaldunes que pueden venir de Iparralde, ¿no es lógico?
Otro ejemplo: en Barakaldo una persona euskaldun tiene derecho a que el o la agente que le da servicio le hable en euskera, al igual que en Ondarroa. No se puede pedir a esa persona que, tal vez en una situación desagradable (en el momento en que le van a poner una multa, por ejemplo), y cuando las relaciones de poder son totalmente diferentes, exigir que acuda un guardia municipal euskaldun. En Azpeitia el euskera no es más oficial que en Irun. En todos estos pueblos el castellano es oficial, al igual que el euskera.
Es más, queremos reivindicar el derecho de los y las policías locales a trabajar en euskera, y las policías municipales bilingües garantizan que quienes lo deseen utilicen el euskera como lengua de trabajo, opción que no se ofrece a los y las euskaldunes por parte de personas monolingües en castellano.
Hay otras discriminaciones que CCOO no ha denunciado. Por ejemplo, las personas migrantes que no tienen la nacionalidad de la Unión Europea no tienen posibilidad de trabajar en las administraciones públicas, ni en las nuestras ni en las españolas. El bajo conocimiento del euskera es evidente en estos colectivos, pero estas personas, aun sabiendo euskera, no podrán ser agentes municipales.
Y, siguiendo con el ejemplo de la medicina, si hiciéramos un análisis socioeconómico de la población con posibilidades de estudiar medicina, encontraríamos una clara brecha; hay menos médicos de origen humilde. Podríamos alargar la lista de discriminaciones con facilidad, pero el hecho de señalar ciertas brechas y otras no, nos demuestra que se trata de una cuestión ideológica e identitaria.
Desde ELA queremos analizar con la Viceconsejera de Política Lingüística en profundidad la renovación del Decreto de normalización del euskera en las administraciones. Tenemos claro que será necesaria una transición para garantizar los derechos lingüísticos de todos y todas, pero hay que definir un plazo para esa transición, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación del personal eventual que ha trabajado durante años en la administración. También tenemos claro que algunos de los debates que se están llevando a cabo en los juzgados, periódicos y opinión pública están surgiendo de cara a condicionar este nuevo Decreto (en este caso, tras aprobar dos bolsas de trabajo de la Policía Municipal, han recurrido el tercero). A corto plazo, teniendo en cuenta a todo el personal que se jubilará en las administraciones, en 10-15 años es posible que las administraciones se euskaldunicen en su totalidad sin que se imponga una decisión traumática a las actuales personas trabajadoras fijas y eventuales, y, asimismo, en ese plazo se podrían euskaldunizar todas las personas que actualmente no conocen el euskera. ¿Está de acuerdo CCOO con esta decisión? Si es así, tendremos oportunidades de colaboración.
* Enlace al texto en la web original
