Denuncian que el ayuntamiento lleva bunkerizado desde el inicio de la pandemia, lo que le está permitiendo justificar más fácilmente las irregularidades cometidas, que en el caso de la gestión y tramitación de las ayudas de gestión municipal (entre ellas, las Ayudas de Emergencia Social, abreviadamente, AES) acarrean una mayor indefensión para las familias solicitantes.
Han declarado que "el Consistorio ya no acredita mediante resguardo la entrega de la documentación previamente requerida a las familias solicitantes de una ayuda económica municipal, ni la justificación de que la ayuda solicitada para un determinado concepto (p. ej. alquiler) ha sido efectivamente empleado para tal fin."
"Sin un resguardo es muy sencillo denegar prestaciones o reclamar las ya concedidas argumentando un mal uso de la ayuda o un desistimiento en el trámite de solicitud, presumiendo que la persona titular ha encontrado una mejor alternativa, tal como manifestó el concejal de Acción Social, Mikel Antizar, en una reciente entrevista", comunican.
Las personas reunidas han recordado al departamento de Acción Social que "aquellas familias solicitantes de las AES en 2020 a las que les fue denegada la prestación pese a cumplir con los requisitos y haber entregado la documentación exigida en tiempo y forma, razón por la que interpusieron un recurso, continúan a la espera de que éste les sea contestado por escrito".
Asimismo, han recordado a Acción Social que "el actual formulario de solicitud de AES elaborado es completamente ilegal al obligar a las familias a optar entre hacer frente al pago de su vivienda o al de sus necesidades básicas, comunidad, gastos médicos no cubiertos por Osakidetza y al pago de luz y agua, antes de que las mismas hayan entregado la documentación exigida para el estudio de sus casos".
"Las acciones fraudulentas del ayuntamiento para controlar el ínfimo fraude en la percepción de las AES no deja al departamento de Acción Social en muy buen lugar, más si cabe cuando han quedado 17 millones de euros sin emplear del año anterior, se han destinado al departamento solo 3.610.255,81€ y su concejal, junto al resto del equipo de gobierno, se ha subido su ya abultado sueldo casi un 3% a puerta cerrada", han sentenciado.
Del mismo modo, han señalado que "que más de 600 familias usuarias del "cheque-comida" hubieran quedado a su suerte desde octubre, en plena pandemia, mientras un 44% del presupuesto destinado a las ayudas económicas municipales no hubiera sido invertido para su propósito al acabar el año, tampoco limpia, ni fija, ni da esplendor al equipo de gobierno local".
Para finalizar, las personas manifestantes han transmitido que "el Ararteko ha abierto un expediente al Ayuntamiento de Barakaldo debido a la vulneración de los derechos de la población más castigada que conllevan su mala gestión y sus reiteradas irregularidades en materia social" y han instado al equipo de gobierno en general y al concejal de Acción Social en particular a que "hagan autocrítica de sus propias prácticas y resuelvan sus carencias y contradicciones antes de poner bajo sospecha de fraude a las familias solicitantes de ayudas municipales".
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
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