Tambien hemos comentado dos noticias de actualidad
1- Una sentencia reveladora (Planes Privados de Empleo)
El 7 de abril la prensa anunciaba que el Tribunal Supremo libera al Gobierno vasco de abonar unos 200 millones de euros a su personal en el plan de pensiones Itzarri EPSV. La demanda había sido planteada por ELA y ERNE (uno de los sindicatos de la Ertzaintza). También la podían haber presentado LAB, CCOO y UGT. Dicha sentencia no priva a los funcionarios del Gobierno vasco de ningún derecho, lo que hace es aceptar la suspensión temporal de un privilegio. La EPSV Itzarri se financia con aportaciones del Gobierno vasco. Ni la contribución voluntaria de los trabajadores ni la del Gobierno van a la caja común de la Seguridad Social. Además el personal beneficiario disfruta desgravaciones fiscales en la declaración de la renta. Para defender la sostenibilidad de las pensiones públicas, amenazadas por los fondos privados, no bastan las movilizaciones testimoniales de pensionistas, es preciso que se incorporen a esa lucha los pensionistas de mañana que todavía están trabajando Esos 200 millones de euros se quedan en la hacienda pública, que podría destinarlos a mejorar las ayudas sociales a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El objetivo de Itzarri, igual que las EPSV de las diputaciones y ayuntamientos vascos, es complementar las pensiones de jubilación oficiales, a fin de acercarlas todo lo posible a las satisfactorias rentas salariales de los empleados públicos de la CAPV. Son por tanto productos financieros de empleo que se aprovechan de los impuestos ajenos y contribuyen a intensificar las desigualdades sociales. No es casual que los sindicatos alcancen su mayor implantación en los sectores laborales mejor retribuidos y con empleo garantizado. Representan sobre todo al estamento funcionarial. Los sindicatos asumen ese papel en la negociación colectiva, y como en el citado caso de Euskadi, otorgan a los privilegios categoría de derechos adquiridos.
2- Brecha Digital
La llamada brecha digital, nos está afectando en todos los ámbitos,gestiones bancarias, en Ayuntamientos, en las Administraciones publicas, en Sanidad, en Empresas de Servicios, Telefonía , Energeticas,etc…. En todas ellas nos piden cita previa, gestionada por Internet. Muy pocos de nosotros/as, somos capaces de realizar estas operaciones sin la ayuda de nuestros hijos, nietos o amigos, aunque tengamos Wifi en casa, y no porque seamos tontos, sino porque nos han pillado con el pie cambiado, como las reformas de pensiones han pillado a los que nos preceden. La mayoría de los que tenemos Wifi en casa, lo utilizamos como un sistema de comunicación e informaciono para temas lúdicos como ver películas, documentales , etc.., pero no para realizar gestionesburocraticas , donde además de la necesidad de tener a mano muchos datos personales y/o claves, hay que rellenar formularios y seguir unas estrictas reglas. Todo ello si se sabe manejar un ordenador o un teléfono de ultima generación. A todo esto debemos añadir, que la mayoría de las veces que llamamos a un numero de teléfono , nos contesta una maquinita, que nos plantea un montón de opciones en un idioma u otro, pidiendo que pulses la tecla tal o cual. Y para poner la guinda al pastel, y sin animo de asustar a nadie, la proliferación de hackers , piratas y ladrones informáticos, tienen en las personas como nosotros, el mejor nicho para sus fechorías. En que se traduce todo esto? Pues en un peor servicio para los mayores y en general para toda la población, en la eliminación de puestos de trabajo de atención directa en todas estas entidades o empresas. En definitiva en un nuevo método de maltrato a la clase trabajadora y pensionista.
La deriva del ministro Escrivá
Extracto del artículo “Pensionistas, categoría social en la aldea global” de Luis Alejos en eldiario.es
El ministro de Seguridad Social tiene una visión tan particular de las recomendaciones del Pacto de Toledo que ha sido llamado a capítulo por dicha comisión. Hecho que no cuadra con la cruzada de las plataformas de pensionistas frente al Pacto de Toledo.
Tampoco comparten los planteamientos de Escrivá dirigentes de UGT y CCOO que participan en unas negociaciones tan opacas como la elección de un nuevo papa. Hasta el Presidente de la CEOE se impacienta, advirtiendo Garamendi que la concertación es un “monólogo social”.
El objetivo de Escrivá es mantener inalterable el valor de las pensiones, sin que mejore su poder adquisitivo. Lo justifica alegando que con el índice del 0,25%, que se va a derogar, las pensiones llegarían a perder un 30% de su valor. Garamendi, en su papel de presidente de la patronal, advierte que este año las pensiones han tenido un beneficio del 1,8%, al descender la inflación en la misma cuantía (0,9%) que la mejora de la revalorización.
Escrivá se empeña en hacer coincidir la edad de jubilación real con la legal, que ya está en 66 años y seguirá creciendo hasta los 67. Pretende conseguirlo con el palo de penalizar a quienes se jubilen antes y la zanahoria de premiar (con cargo a la Seguridad Social) el retraso de la jubilación más allá de los 67 años. Esa operación proyecta rematarla suprimiendo las cláusulas de jubilación anticipada de los convenios colectivos. Los sindicatos CCOO y UGT poco pueden objetar, aceptaron la jubilación a los 67 años en la reforma del 2011 del Gobierno de Zapatero, aunque rechazan la del 2013 de Rajoy, que no pudieron negociar. La voz que plantea dudas sobre la mesa de concertación es la del Presidente de la CEOE que declara: "Si vamos a jubilar a la gente a los 68 años que lo digan, que no lo maquillen".
Otro plan esencial del ministro Escrivá es potenciar las pensiones privadas de empleo. Para encubrir su alcance real lo denomina previsión social complementaria. Como es sabido, se trata de productos financieros de empresa, que no pasan por la caja común de las pensiones y gozan de desgravaciones fiscales pagadas a escote por todos los contribuyentes. Sindicatos y empresarios están a la expectativa de las ventajas que les pueda aportar esa operación.
La reforma Escrivá acaba de comenzar y ya presenta más aspectos negativos que positivos. Está por ver si el Estado se hace cargo de los gastos impropios que provocan el déficit de la Seguridad Social. No se sabe en qué consistirá la cotización por ingresos reales de autónomos. Pese a ser motivo de fricción dentro del gobierno de coalición, sigue sin derogarse el factor de sostenibilidad de la reforma de Rajoy. Es más, su anunciada transformación en un mecanismo de equidad intergeneracional hace sospechar que solo cambiará el nombre. El titular de Europa Press del 12 de abril muestra la reacción a nivel político: “Unidas Podemos carga contra la fórmula de Escrivá para subir pensiones y urge derogar la reforma del PP”.
Los cambios que persigue Escrivá no respetan las escasas cláusulas favorables que contiene el Pacto de Toledo. Un ejemplo: en declaraciones publicadas el 18 de abril en la prensa del grupo Vocento indicaba: “No nos planteamos más aportaciones a la hucha de las pensiones”. Así que el ministro responsable de garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas está siendo noticia porque las empeora. Quiere aplicar una reforma que no favorece a los pensionistas actuales, perjudicando de forma notable a los del futuro.
¡ESCRIVÁ, BANQUERO… SE TE HA VISTO EL PLUMERO!
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y TODO LO PUBLICO SE DEFIENDE!
Barakaldo a 21 de abril de 2021
