La aprobación de estos presupuestos en la tarde de hoy jueves, cercano a la Semana Santa, condena a las familias más desfavorecidas del municipio a “la penitencia de los recortes sociales”, y que han escenificado tres personas crucificadas en paños menores ante el Ayuntamiento de Barakaldo.
Rompiendo con el ejemplo dado por ayuntamientos como Bilbao, Sestao o Getxo, los cuales han incrementado su presupuesto general, el equipo de gobierno de Barakaldo recorta en un 3'8% su presupuesto general, lo cual afecta a áreas como cultura, educación y euskera, empleo y asuntos sociales, además de a los centros de día para personas mayores.
Berri-Otxoak ha declarado que "aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas es un completo sinsentido, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del covid-19."
Critican que “la penitencia de los recortes sociales” se extienda a que a día de hoy se concedan citas en los servicios municipales para finales de septiembre o no se atiendan de forma inmediata los casos más urgentes motivados por la falta de recursos para llegar a fin de mes, producto de la actual situación de pandemia.
Desde la entidad en defensa de los derechos sociales han denunciado que "se están concediendo en este mes de marzo las solicitudes de ayudas de emergencia presentadas a finales del mes de septiembre del pasado año" y que "se tardan 8 meses en reconocer las situaciones de dependencia de las personas mayores de la localidad."
Además, hay que tener en cuenta que el Gobierno vasco ha recortado en un 6% la asignación a las ayudas de emergencia que recibe anualmente la localidad y el equipo de gobierno ha introducido nuevos recortes en su acceso cuando la crisis provocada por la pandemia del covid-19 ha conllevado un aumento del 30% en el número de familias solicitantes respecto al 2020, llegando hasta las 3.100.
Las personas activistas de Berri-Otxoak han exigido al equipo de gobierno que "no se lave las manos" ante las situaciones de emergencia social que sufre buena parte de las familias barakaldesas, además, de exigir que se revierta un nuevo recorte introducido este año sin ni siquiera estar elaborado el decreto que regula las ayudas de emergencia en el municipio: ahora las familias deben escoger entre poder solicitar una ayuda para hacer frente a los gastos de alquileres o hipotecas o hacer frente a los suministros básicos (luz, agua, gas), mantenimiento y reparaciones en la vivienda habitual.
Producto de los recortes introducidos por el equipo de gobierno el vía crucis de las familias llega al extremo de que deberán escoger entre poder acceder a ayuda para garantizar el acceso a una vivienda (ayuda para los gastos de alquiler o hipoteca) o poder cubrir la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza. Deberán escoger entre salud o vivienda. Indignante. Estas son las consecuencias de los presupuestos que se aprueban en el día de hoy.
Estos recortes son más graves si tenemos en cuenta que a pesar de las situaciones de gran precariedad vividas actualmente en Barakaldo, el equipo de gobierno ha optado por incrementar sus sueldos en un 3%; sólo en concejales (asesores, cargos de confianza y dietas aparte) pasa de 1,10 millones de euros (más Seguridad Social) a 1,13 millones de euros. Los presupuestos aumentan a 2,3 millones de euros las retribuciones de políticos, cargos de confianza y asesores.
La asociación ha añadido que visto este derroche "el equipo de gobierno ya no tiene ninguna excusa para comprometerse con las familias económicamente más vulnerables del municipio."
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
