La fuente básica de financiación son las cotizaciones, sin excluir aportaciones presupuestarias que aseguren su sostenibilidad. Se ve conveniente recuperar la “hucha de las pensiones”. Hay bonitas palabras sobre la brecha de género y sobre las precarias condiciones de trabajo que soporta la juventud, pero no se concreta nada.
En las medidas de aplicación inmediata está la revalorización en base al IPC real, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo con una ley específica, aunque el año próximo las mejoras dependerán todavía de los presupuestos. El Estado asumirá los gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social y que provocan el déficit acumulado. Las transferencias dejarán de considerarse préstamos, de modo que no generarán deuda.
Las medidas que afectan a los nuevos pensionistas recogen la reforma de pensiones del 2011, que se aplica de forma gradual: retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, aumentar el periodo de cotización de 35 a 37 años, pasar el cálculo de la base reguladora de 15 a 25. Como compensación se podrán cubrir lagunas de cotización con los mejores años.
Se obstaculizarán las jubilaciones anticipadas para que la edad de jubilación sea la oficial.
Se incentivará la ampliación voluntaria de la actividad laboral más allá de la edad legal.
El Gobierno determinará si deja de penalizar las jubilaciones anticipadas involuntarias. Las pensiones de viudedad siguen siendo contributivas, se mantiene su carácter vitalicio y no estarán condicionadas por el nivel de renta personal.
Las comunidades autónomas pueden mejorar las pensiones contributivas y no contributivas.
Se creará un nuevo sistema complementario de pensiones, con más ventajas fiscales y jurídicas que las actuales. Esa medida significa que se van a empobrecer las futuras pensiones públicas.
La idea de promocionar los planes de pensiones de empleo se basa en la previsible reducción de las pensiones públicas, como consecuencia de aplicar la reforma del 2011. Esa reforma alarga la edad de jubilación y amplia los periodos de cotización y de cálculo para acceder a la pensión íntegra. El resultado inevitable es la progresiva reducción de las pensiones públicas. De esa forma se desemboca en un modelo de pensiones mixto, compensando la caída de la pensión pública con el complemento del fondo de pensiones privado. Si el sistema público de pensiones se mantuviese como está, las futuras generaciones no necesitarían planes de capitalización para vivir dignamente.
El acuerdo del Pacto de Toledo no es definitivo, cuando se debata en el Congreso puede variar. Además tendrá un desarrollo posterior en la negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos. En ese escenario la función del movimiento de pensionistas será la de siempre: actuar como grupo de presión, mantener las movilizaciones para que se atiendan nuestras demandas.
¡Pensionistas aurrera! ¡Pensionistas aurrera! ¡Pensionistas aurrera! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!
