El colectivo social, con buzos de desinfección, ha acordonado las instalaciones y ha repartido mascarillas quirúrgicas “a fin de proteger a las personas solicitantes y damnificadas de la localidad frente al virus de los recortes que ha colonizado Lanbide”.
Berri-Otxoak ha subrayado que “en Barakaldo residen 7.628 personas desempleadas de las que el 85% no perciben ningún tipo de prestación o subsidio y cuatro de cada cinco personas desempleadas de la localidad podrían ser beneficiarias del IMV".
El 12 de junio Lanbide ya contaba con un procedimiento interno para registrar las solicitudes del IMV. El 23 de junio estaba habilitada para realizar las solicitudes y la entrega de documentación necesaria para su tramitación. El entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró ese mismo día que si la oficialización se demoraba, ninguna de las personas que presentaran su petición a través de Lanbide vería minorados sus derechos.
“Sin embargo, antes como ahora, los actuales responsables continúan recortando los derechos de las personas solicitantes: Lanbide sigue obligando a tramitar telemáticamente en la Seguridad Social las peticiones a familias que no poseen destrezas o medios económicos para acceder a sistemas informáticos”, ha afirmado la plataforma contra la exclusión social.
Además, el colectivo ha detectado que "el Servicio Vasco de Empleo continúa traspasando sus responsabilidades a la Seguridad Social pese a que la oficialización de sus competencias ya es efectiva, derivando a cientos de personas solicitantes de Barakaldo a realizar sus trámites en esta entidad, que a su vez las deriva de nuevo a Lanbide".
“En consecuencia, las personas demandantes, que ya padecen una situación económica asfixiante, transitan de una institución a otra sin saber dónde tienen que tramitar su solicitud o cuál es el estado de la misma”.
Berri-Otxoak añade que "a la incertidumbre de esta situación se le suma el temor de las familias a que se les deniegue la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o se les sancione durante un año sin acceso a la misma si no consiguen realizar previamente el trámite de petición del IMV, tal y como les advierten los funcionarios de Lanbide".
El IMV supone 738,45 euros al mes para una pareja con un hijo que, sin más propiedades que su vivienda habitual, no dispone de dinero para cubrir las necesidades más básicas. El subsidio creado por el Gobierno central tiene como objetivo “prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social”.
El colectivo ha señalado que Lanbide está “infectado por el virus de los recortes y no está comprometido con la prevención del riesgo de pobreza y de exclusión social, pues dificulta o imposibilita el acceso al IMV intencionadamente, dejando a muchas familias solicitantes en la estacada y negándoles a otras tantas la percepción de la RGI para crear así una falsa realidad que justifique un menor presupuesto en gasto social”.
Por todo ello, Berri-Otxoak ha instado al Partido Socialista y al PNV “a salir de su ensimismamiento y a que cumplan definitivamente su compromiso de tramitar este subsidio a través de Lanbide”.
Berri-Otxoak surgió hace 28 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
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