La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha anunciado la presentación de una queja ante la institución del Defensor del Pueblo vasco —Ararteko— por la decisión del equipo de Gobierno (PNV) del Ayuntamiento de Barakaldo de no recoger más solicitudes de ayudas sociales hasta febrero de 2017. La organización, que ha organizado una protesta ante los servicios sociales con activistas disfrazados, considera que es un nuevo "recorte social" y un hecho "totalmente ilegal", y solicita amparo a Ararteko porque supone, a juicio de Berri-Otxoak, un incumplimiento de las normas de procedimiento administrativo. La plataforma afirma además que hay 700 expedientes que el Ayuntamiento tiene aún pendiente de tramitación para las ayudas de emergencia social.
Comunicado
En la actual campaña de prevención contra la gripe se instalará en Barakaldo, y ante el Departamento de Acción Social, un stand para vacunar contra el virus de los recortes. Mediante fonoscopios, mascarillas, batas, guantes de látex, “pastillas” y jeringuillas de importantes dimensiones; se vacunará a las familias barakaldesas contra la lacra de ajustes aprobados por el equipo municipal contra las ayudas sociales.
En exigencia de unos presupuestos más justos y solidarios este “personal sanitario” instalará una caseta donde prevenir a la población de la política de recortes aplicada desde el gobierno de Barakaldo.
700 FAMILIAS BARAKALDESAS A LA ESPERA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Esta iniciativa surge para denunciar que están pendientes de resolución desde hace varios meses –y a estas alturas de final de año- los expedientes de 700 familias demandantes de las Ayudas de Emergencia (¿?) Social. Según datos del propio consistorio, 225 familias tienen su documentación en tramitación; y otras 459 en proceso de estudio.
A estos recortes debemos añadir que desde el 19 de octubre hasta mediados de febrero del próximo año no se tramitará ninguna solicitud de ayuda económica en Barakaldo. Hay que tener en cuenta que desde esa fecha -en que se cerró el período para solicitar algún tipo de prestación ante los servicios sociales- hasta la apertura de dicho plazo a mediados de febrero hay cuatro meses; meses en los cuales las familias barakaldesas se encuentran sin ningún tipo de cobertura social; un tercio del año.
Hecho totalmente ilegal, y que contraviene la propia normativa básica del procedimiento administrativo ordinario; el cual rige la relación entre administración y ciudadanía a la hora de proteger sus derechos frente a los abusos de las instituciones. Con el ánimo de revocar este nuevo recorte social se solicitará el amparo del Defensor del Pueblo-Ararteko.
INCREMENTO DE LOS RECORTES y AUMENTO DE LA DEMANDA DE AYUDAS
Sin querer olvidar que desde un primer momento el equipo de Gobierno decidió recortar drásticamente las cuantías a percibir por las familias: se redujo en un tercio la asignación para alquileres o hipotecas; en un 17% para gastos sanitarios; y un 10% para necesidades básicas como alimentación, vestuario o educación. Además de eliminar las ayudas para el mantenimiento, adaptación y reparación de las instalaciones básicas de la vivienda habitual o la comunidad de vecinos.
Estas políticas de ajustes no son producto de la casualidad. Con los votos de PNV y PSE, se decidió consolidar las políticas de recortes de los últimos años. Así, en los presupuestos aprobados para este 2016 se acordó destinar la misma asignación económica que en el 2015 (960.000 euros) para las ayudas económicas municipales. Según datos del propio consistorio se ha incrementado en un 25% las solicitudes; siendo 2.400 las familias quienes las han reclamado ante el “equipo de ayudas económicas”. En últimos cuatro años ha aumentado en un 57% las familias que se han acercado a los recursos sociales.
POR UNOS PRESUPUESTOS MÁS JUSTOS y SOLIDARIOS
Por todos estos motivos, y frente a la actual política de recortes, se exigirá…
PRIMERO. Garantizar fondos económicos suficientes para que las familias puedan llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades más básicas.
SEGUNDO. Dar marcha atrás a los recortes aplicados a las ayudas que solicitan 2.200 familias del municipio; y, sobre todo, a las destinadas al acceso y mantenimiento de la vivienda.
TERCERO. Ampliar los servicios sociales para asegurar que las familias vean atendidas sus demandas con carácter de urgencia; a fin de que puedan cubrir sus privaciones de forma inmediata.
