Reclaman un pacto de Estado para "blindar" los servicios sociales frente a la reforma local del PP

Foto: Consejo General del Trabajo Social

Alrededor de 400 trabajadores sociales de toda España han debatido desde este jueves en la feria de muestras de Ansio —Bilbao Exhibition Centre (BEC)— sobre la situación de los servicios sociales municipales y cómo les va a afectar la reforma de la Administración Local del Gobierno del PP. En las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales los participantes se han comprometido a promover un pacto de Estado para "blindar" los servicios sociales y evitar el efecto negativo que tendrá esa reforma. La reforma de la Administración Local entró en vigor el pasado mes de enero, pero en materia de servicios sociales no lo hará hasta el 1 de enero de 2016. La norma establece que sólo los municipios mayores de 20.000 habitantes podrán seguir manteniendo su red pública de servicios. El resto, pasará a manos de las autonomías, en situación de déficit presupuestario. En la jornada de este sábado se ha presentado la reedición del libro “Introducción al Bienestar Social”, de Patrocinio Las Heras, quien organizó la actual red de servicios sociales en los años 80. Ella introdujo la enmienda en la Constitución que eliminó el término "beneficencia" por el de "asistencia social". Patrocinio Las Heras ha denunciado una involución en materia de servicos sociales. "Cargarse el Estado de Bienestar sí es insumisión a la Constitución", ha afirmado.

Notas de prensa

"Cargarse el Estado de Bienestar sí es insumisión a la Constitución"

El Consejo General del Trabajo Social presenta la reedición del libro “Introducción al Bienestar Social” en las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales, que concluyen hoy en Barakaldo. Carmen Verde, directora de la revista Servicios Sociales y Política Social y Ana Lima, presidenta del Consejo, han destacado el valor de la publicación en el momento actual.

“Cargarse el Estado del Bienestar sí es insumisión a la Constitución”. Así de tajante ha sido Patrocinio Las Heras, histórica trabajadora social que ideó toda la red pública de servicios sociales en la década de 1980 desde la dirección general de servicios sociales, durante la presentación del libro “Introducción al Bienestar Social”, que el Consejo General acaba de reeditar.
Según ha argumentado, la enmienda que se consiguió introducir en la Constitución, en 1978, que sustituyó el concepto de “beneficencia” por el de “asistencia social”, fue aprobada por unanimidad en el Senado. Por tanto, asegurar esa asistencia social responde a la misma responsabilidad democrática que otros aspectos recogidos en la Carta Magna.
“Volvemos a la asistencia social y a la beneficencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra memoria histórica”, ha asegurado Las Heras tajante. Como solución, ha apostado por “introducir los derechos sociales como derechos fundamentales en la Constitución. Es la forma de blindarlos en tiempos de crisis”, ha asegurado.
En este sentido, el XII Congreso Estatal del Trabajo Social, aprobó por unanimidad esta resolución. El Consejo inició el pasado mes de diciembre una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org para sensibilizar a la profesión y a la sociedad en general sobre esta necesidad. Esta será la base de las gestiones y la campaña de concienciación que el Consejo está liderando con los partidos y los grupos parlamentarios.
Las Heras, coautora del libro, ha explicado que se gestó en unas jornadas de trabajo social celebradas en Pamplona en 1978. Ha destacado la importancia de foros y jornadas como la que concluye hoy en Barakaldo.
Las Heras ha hecho un repaso a la construcción del actual sistema público de servicios sociales y ha destacado el papel del trabajo social. “Todo el aparato que se creó en servicios sociales en los 80 es fruto del trabajo social”, ha insistido. Y ha recordado que, sin la enmienda que garantizó la asistencia social, tampoco tendríamos el actual Sistema Nacional de Salud.

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La mayoría de partidos políticos critica que la reforma local acabará con los servicios sociales municipales

• Representantes de PNV, PSOE, Bildu, IU, PP, UPyD, Compromís, y Podemos debaten en las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales el impacto de la Ley en el sistema

• El PP se ha quedado solo en la defensa de la reforma.


Barakaldo, 13 de junio de 2014. “¿Consideráis que la reforma de la Administración Local acabará con el sistema público de servicios sociales? ¿Cómo se debería aplicar la ley para evitarlo?”. Con esta pregunta, lanzada por la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha arrancado el Foro Político de Servicios Sociales, en el que han participado representantes de ocho partidos. Todos, excepto el PP, han rechazado la Ley.

El turno de palabras ha arrancado con la intervención de Niko Gutiérrez, responsable de expansión de UPyD en el País Vasco. Según ha denunciado, “la reforma tiene una incógnita absoluta en servicios sociales” que prevé será “en la mala dirección”. Gutiérrez ha defendido los servicios sociales como “el derecho de la ciudadanía”, por lo que lamenta que el debate no se esté situando en su mantenimiento. “Nos estamos alejando de los servicios sociales. Ya no solo somos desiguales ante la riqueza sino ante la pobreza”, ha insistido.

Por su parte, Íñigo Pombo, viceconsejero de de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, del PNV, Íñigo Pombo, ha hecho un repaso a las diferentes normativas que regulan los servicios sociales y ha rechazado la reforma. Pombo ha hecho hincapié en la necesidad de los servicios sociales y ha defendido la labor que en ese sentido hacen los ayuntamientos.

Amaya Fernández, portavoz del PP de Barakaldo, ha sido la única integrante de la mesa que ha defendido la Ley. Ha justificado la reforma “por la necesidad de evitar duplicidades” que ha cifrado en 403 millones de “malgasto”. Fernández ha asegurado que donde más duplicidades se producen es en los servicios sociales y ha asegurado que las políticas de austeridad “mejor hay que llamarlas políticas de racionalización del gasto”. Parte del público ha abandonado la sala cuando ha asegurado: ”En referencia a los servicios sociales, no sé en qué puede afectar [la reforma] a los derechos de los ciudadanos”.
“Las leyes inútiles debilitan las necesarias”. Con esta cita a Montesquieu ha comenzado su intervención el diputado en el Congreso por Coalició Compromís, Joan Baldoví. “Sí que importa quién paga las cosas (…) los servicios sociales bullen de gente. Conocéis a las personas, sabéis dónde viven. Los municipios tenemos que dar la cara”, ha asegurando, poniendo ejemplos de su paso por el ayuntamiento de Sueca (Valencia). Baldoví ha asegurado que derivar los servicios sociales a las diputaciones generarán un alejamiento de las personas “y no se podrá atender con el conocimiento de causa”.

Por su parte, Ander Rodríguez, diputado foral de Política Social de Gipuzkoa por Bildu, ha asegurado que mantener los servicios sociales depende de la voluntad de la administración. “Si se quiere, se puede”, ha recalcado. Ha rechazado de plano la reforma y ha criticado que “la deuda privada se haya convertido en pública por el rescate bancario”. Rodríguez ha destacado que se esté produciendo un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y ha insistido en la necesidad de mantener y potenciar la Ley de dependencia.

Javier Ruiz Fernández, director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete y ex consejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del Gobierno Vasco (PSOE), ha asegurado que “la ventaja de la ley es que no se puede cumplir”. Ha lamentado que se esté trasladando el debate a una pugna entre distintas administraciones cuando en ese traspaso se produce la desaparición de servicios. Ese es el drama”. Los ciudadanos dejaran de tener el servicio que tienen. Se ha olvidado de lo que ha ocurrido en 30 años.

Desde Podemos, Xabier Benito ha denunciado un ataque al municipalismo. “Los ayuntamientos pierden autonomía y se pierden los servicios sociales”, ha asegurado. “Esta norma hay que pararla desde la calle y con nuevas propuestas.
No dejemos q nos hagan los servicios sociales, hagámoslos nosotros y nosotras”, ha animado.

Amaia Martínez, concejal de IU en Barakaldo y responsable del Área de Mujer de IU Federal, ha criticado la reforma, ha acusado al Gobierno de la situación de las familias por “sus compromisos con la troika” y ha defendido la red pública de servicios sociales: “No es lo mismo que se presten desde la administración pública o privada”, ha insistido. También ha destacado que la reforma de la Administración Local va afectar sobre todo a las mujeres.

El debate ha servido para visibilizar las posturas y los matices de los diferentes partidos ante la reforma. Del mismo modo, las numerosas intervenciones por parte del público han hecho llegar a los políticos las principales demandas y puntos de vista de los y las trabajadoras sociales.



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Los y las trabajadoras sociales piden un pacto de Estado por los servicios sociales

Esta tarde comienzan en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales, organizadas por el Consejo General del Trabajo Social

• Unos 400 profesionales analizan, hasta el próximo sábado, la situación de los servicios sociales y cómo la reforma de la Administración Local les afectará.

• Los y las trabajadoras sociales reclaman a las administraciones que tomen conciencia de que mientras la demanda se ha disparado (un 74%) las ayudas se han reducido drásticamente.

• Mañana, a las 12h., las Jornadas acogerán un foro político donde representantes de PP, PSOE, IU, PNV, UPyD, Compromís, Bildu y Podemos debatirán sobre la reforma.


Bilbao, 12 de junio de 2014. Los y las trabajadoras sociales reclaman un Pacto de Estado que garantice el acceso de las personas a lo servicios sociales. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima, en rueda de prensa. “Está en riesgo el medio rural. Muchos municipios se quedarán sin servicios sociales. Una población sin servicios sociales sufrirá un proceso de aislamiento y exclusión”, ha denunciado.

La reforma de la Administración Local entró en vigor el pasado mes de enero, pero en materia de servicios sociales no lo hará hasta el 1 de enero de 2016. La norma establece que sólo los municipios mayores de 20.000 habitantes podrán seguir manteniendo su red pública de servicios. El resto, pasará a manos de las autonomías, en situación de déficit presupuestario.

Según ha explicado Ana Lima, la ley elimina de las competencias municipales la prevención y promoción, la igualdad de oportunidades y la atención a las víctimas de violencia de género, por ejemplo. “Tampoco sabemos qué pasará con los servicios dirigidos a personas mayores”, ha añadido. La aplicación de la norma “no solo va a depender de la voluntad política. Hay una parte ejecutiva que aplicarán los secretarios e interventores de los ayuntamientos, en función de su lectura de la ley”, ha añadido Lima.

Por otra parte, aunque la reforma abre la puerta a que algunos ayuntamientos sí asuman las competencias en servicios sociales, para poder hacerlo, “tienen que tener equilibrio presupuestario, pero el 100% de las competencias deben estar financiadas por las comunidades autónomas”.

Ana Lima ha presentado, con la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales, que empiezan esta tarde en el BEC Barakaldo-Bizkaia y que finalizarán el próximo sábado.

Lima ha asegurado que la reforma de la Administración Local va a generar más desigualdades. “No nos podemos permitir esto ahora mismo”, ha denunciado. Según ha asegurado, “el sistema de servicios sociales se está convirtiendo en un refugio por fallo de otros sistemas, como es la eliminación de becas de comedor o el aumento del copago, por ejemplo. La presidenta del Consejo General ha recordado que los servicios sociales están recibiendo una “demanda increíble”. Según el I Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE), la demanda ha aumentado en un 74% en 2013, desde el inicio de la crisis.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia, Carmen González, ha explicado que en Euskadi, está pendiente de aprobación la cartera de servicios de servicios y otros reglamentos y normativas que dejan en la incertidumbre la aplicación de la reforma de la Administración Local. De los 251 municipios que hay en Euskadi, solo 18 de ellos se quedarán con las competencias en servicios sociales, ya que tienen más de 20.000 habitantes.

Carmen González ha denunciado que “en la reforma prima lo económico, en detrimento de la ley servicios sociales autonómica, que prima atención a la ciudadanía y servicio público”.

Foro Político de Servicios Sociales
Mañana a las 12h., las jornadas acogerán el Foro Político de Servicios Sociales, en el que representantes de los principales partidos intercambiarán su visión de los efectos de la reforma y la situación de la red pública de servicios sociales en un momento en el que la demanda de ayudas se ha disparado. Intervendrán Niko Gutiérrez, responsable de expansión de UPyD en el País Vasco; Emilio Olabarria, diputado del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso; Amaya Fernández, portavoz del PP en Barakaldo; Joan Baldoví, diputado de la Coalició Compromís en el Congreso; Ander Rodríguez, diputado foral de Política Social de Gipuzkoa por Bildu; Javier Ruiz Fernández, director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete y ex consejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del Gobierno Vasco (PSOE); Xabier Benito, portavoz de Podemos Ahal-Dugu Bizkaia; y Amaia Martínez, concejala de Barakaldo y responsable del Área de Mujer de IU Federal.


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