Simulan un ahorcamiento para denunciar el "desmantelamiento" de los servicios sociales

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Reportaje gráfico: Matías Karrillo

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Activistas sociales, entre ellos miembros de la barakaldesa plataforma Berri-Otxoak, han simulado un ahorcamiento ante la oficina del servicio vasco de empleo Lanbide en Miribilla, en Bilbao, para "denunciar el desmantelamiento de los servicios sociales destinados a las familias afectadas por la actual crisis". Las organizaciones convocantes han señalado que las personas soportan esperas de dos meses para solicitar ayuda, la actuación de expedientes tiene retrasos de entre seis y ocho meses, se retira la renta de garantía de ingresos (RGI) a personas con empleos precarios con salarios bajos y no tienen derecho a este salario social básico quieres están sin domicilio.

Comunicado
Este miércoles 20 de febrero se celebra el “Día Mundial por la Justicia Social”. La Asamblea General de la ONU “reconoce la necesidad de seguir consolidando la labor encaminada a erradicar la pobreza; promover el pleno empleo y el trabajo decente; la igualdad entre los sexos; y el acceso al bienestar social y la justicia social para todas las personas. Se ha decidido instaurar el 20 de febrero de cada año para la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social; invitando a realizar actividades concretas que se ajusten a estos objetivos y metas”.

Por este motivo se han denunciado ante las oficinas de Lanbide del barrio de Miribilla (a las cuales deben acudir las personas que viven en este barrio, en San Francisco y Bilbao la Vieja), el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales destinados a las familias afectadas por la actual crisis económica.

A lo largo de esta movilización se ha representado el estrangulamiento de los derechos sociales para lo que se ha colocado un patíbulo, una horca y un verdugo ha procedido a asfixiar a una persona; que representa a las que no pueden acceder a las prestaciones sociales destinadas, en un principio, a las personas desempleadas, con empleos precarios, pensiones mínimas o de viudedad.

Las personas usuarias de Lanbide se encuentran con una serie de malas prácticas que vulneran sus derechos.

Así,

• Existe una demora de dos meses en la atención a las personas que necesitan las prestaciones para poder llegar a fin de mes debido a la falta de personal para dar salida al aumento de las situaciones de desempleo, precariedad y pobreza. A lo que debemos añadir la obligación de citas previas que retrasan esta atención.
• Se impone un número máximo de personas que pueden ser atendidas por día, esto supone guardar cola durante toda la noche a las puertas de la mayoría de oficinas de Lanbide.
• Falta de operatividad de las oficinas y fallos en el sistema informático.
• Se conculca de forma sistemática la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales. Se vulneran los derechos que les asisten a las personas usuarias de Lanbide a la hora de la tramitación y resolución de los expedientes de acceso a las prestaciones sociales. Incumplimiento del procedimiento administrativo ordinario que rige las relaciones entre administraciones y ciudadan@s.
• Existencia de retrasos en la actualización de los expedientes de entre 6 y 8 meses.
• Se retira la RGI a las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos. Sólo se podrá percibir la Prestación Complementaria de Ingresos de Trabajo tres años aunque la situación de precariedad, que origina el cobro de la prestación, continúe. Algunas personas ya están sufriendo este nuevo recorte.
• Las personas que viven en la calle y tienen el padrón en albergues o centros residenciales para poder acceder a la RGI; o están en pisos de inserción o pisos de acogida de forma temporal, por diferentes motivos (exclusión social, enfermedad mental, minusvalías, drogodependencias…); ya no podrán acceder a la RGI; y por lo tanto no van a tener posibilidad ninguna de salir de la calle, la mendicidad, la exclusión social o desarrollar un proceso de inclusión social. Esta medida afecta a cerca de 4.000 personas sólo en Bizkaia.
• Muchas personas inmigrantes que llevan años empadronadas aquí y que habían conseguido un trabajo y su tarjeta de residencia, la están perdiendo. Si la suspensión de la RGI por parte de Lanbide ocurre en el momento de renovar la tarjeta de residencia y trabajo, no se puede acreditar los ingresos y la pérdida de la tarjeta es definitiva, aunque meses después Lanbide reconozca el derecho a la prestación de la persona afectada.
• Continúas campañas de criminalización sobre las personas perceptoras.

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:
Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea de Invisibles (Ikustezinak)”,
Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos,
R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.