La fábrica Bilbao Chemicals, de Ansio, produjo el lindane vertido ilegalmente en Barakaldo
• Se cumple una década desde que se dieron por terminados el proyecto de descontaminación de residuos de lindane • El Gobierno Vasco dijo que la inversión total por lindane había ascendido a 51,5 millones de euros, un 80% aportados por la Unión Europea • El depósito costó 26,5 millones y guarda en su interior 415.896 metros cúbicos de residuos • En la planta de depuración de Ansio se trataron 3.200 toneladas del pesticida, HCH puro • Los vecinos denunciaron en abril de 2003 el cese de actividad de la comisión de seguimiento sobre la instalación • No hay información sobre qué sucederá cuando termine su vida útil •
Tres años de obras y cuatro de polémica precedieron al acto protocolario de inauguración, un 22 de noviembre de 2002, de la llamada 'celda' de confinamiento de los residuos del pesticida tóxico lindane de Argalario, vertidos ilegalmente en decenas de lugares de Barakaldo y el resto de la comarca. Aunque entonces los políticos quisieron de este modo poner un punto y aparte, y olvidar la historia sucia de la industria química en la zona, lo cierto es que 10 años después el lindane surge aún una y otra vez en las noticias de la prensa y en las conversaciones de los ciudadanos. Ahora lo hace porque, periódicamente, aparece en los análisis de las aguas que bebe la ciudad procedentes del pantano de Oiola. El PSE gobernante resta trascendencia al hecho, mientras los vecinos se inquietan frente a un producto químico cuyo tratamiento multimillonario tuvo, en los años noventa, que ser realizado por expertos de caras con máscaras y cubiertos con ropas blancas de pie a cabeza.>> cronología del proyecto de eliminación del lindane >>
> Los peligros del HCH, según el Convenio de Rotterdam
 |
| Vista aérea de la celda de Argalario ofrecida por Bing Maps |
El proyecto tuvo además otros tres nombres propios que jugaron, cada cual, su papel. El Ayuntamiento de Barakaldo, con el alcalde Carlos Pera (PSE) al frente, actuaba, como hoy lo hacen sus herederos, en medio de un aparente caos. El mandatario rebajaba la gravedad de los hechos unos días, otros llegaba a proponer consultas populares, unos terceros proponía echar las tierras tóxicas en un país de África o arremetía contra el Gobierno Vasco por la descontaminación, y los más descalificaba a los defensores del medio ambiente.
Precisamente el grupo ecologista Eki, de la coordinadora Ekologistak Martxan, fue uno de los actores centrales en los convulsos años hasta que terminó la construcción de la celda de lindane. Sus acciones de protesta pusieron en jaque a los autoridades en repetidas ocasiones. El riesgo para los vecinos y para el entorno estuvieron durante meses en el centro de sus reivindicaciones.
Pese a todo, los proyectos siguieron adelante y el brazo ejecutor fue la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe, adscrita a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Su entonces director, Txetxu Aurrekoetxea, se enfrentaba simultáneamente a la indisimulada hostilidad del PSE barakaldés en el gobierno municipal y a la firme resistencia ecologista.
Aurrekoetxea puso la voz y rostro a una operación que incluyó dos acciones centrales. Primero, la puesta en marcha de una planta experimental de tratamiento. Se montó en el mismo recinto de Bilbao Chemicals, con un sistema de seguridad propio de un complejo militar secreto. Allí se procesaron —con éxito, dijeron— 3.200 toneladas de pesticida puro que los empresarios contaminadores habían dejado abandonados dentro de la abandonada instalación industrial de Ansio. La Unión Europea aportó la mayoría de la millonaria inversión.
Los fondos comunitarios fueron también quieres financiaron en su mayor parte la segunda gran intervención: el depósito de seguridad para tierras contaminadas con lindane y vertidas ilegales en 24 emplazamientos clandestinos de Barakaldo y el resto de la Margen Izquierda. 36 meses de trabajo se emplearon para estabilizar el antiguo vertedero de basuras y, al pie del anterior, crear un nuevo espacio para los residuos del pesticida tóxico y carcinógeno.
El depósito permanence bajo vigilancia —en 243.000 euros se adjudicaron estas labores en 2011— e Ihobe afirma que hay informes anuales que dan cuenta de cómo funciona para que no haya fugas contaminantes. Las autoridades, ante la tormenta social, se vieron obligadas a crear una comisión de seguimiento con participación de las asociaciones. Medio año después de la inauguración de la celda ya no funcionaba. Ningún político ha vuelto a hablar desde entonces de la celda de Argalario y de qué ocurrirá cuando termine su vida útil de 20 a 30 años.
