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Colectivos sociales denuncian ante la Diputación el desmantelamiento de los servicios sociales forales

Colectivos sociales vizcaínos, entre ellos la plataforma contra la exclusión social Berri-otxoak, han simulado una acampada frente al palacio foral de la Diputación en la Gran Vía de Bilbao para denunciar "el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales forales en referencia a las recursos destinados a las familias afectadas por la actual crisis económica". Han denunciado que la partida para Ayudas Especiales para la Inclusión Social ha pasado de 3.615.000 euros a 737.000 euros, mientras que los 68 altos cargos de la Diputación suponen un coste de 5,3 millones de euros.

Nota de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
Diferentes colectivos sociales de Bizkaia nos hemos concentrado a las puertas del Palacio Foral de la Diputación para denunciar el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales forales en referencia a las recursos destinados a las familias afectadas por la actual crisis económica.
Por este motivo hemos montado un camping -con sus correspondientes tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas, tendederos, ropa, hornillos para preparar la comida, mesas, sillas, tumbonas, cazuelas, platos…-, a las puertas del Palacio Foral de la Diputación de Bizkaia para denunciar la situación de recortes sociales y falta de presupuesto para atender las necesidades de las familias afectadas por las dificultades para llegar a fin de mes, el paro, la precariedad laboral y los desahucios (cada día 4 familias vizcaínas son desahuciadas de sus casas).
Esta iniciativa surge por la actual situación de recortes sociales planteados por la Diputación de Bizkaia: en los presupuestos forales aprobados el 22 de diciembre se disminuyó un 80% los recursos destinados a las Ayudas Especiales para la Inclusión Social. El presupuesto del año 2011 era de 3.615.000 euros mientras que para este año sólo se consignan unos escasos 737.000 euros.
Hay que tener en cuenta que esta prestación es el único recurso que tiene la Diputación para paliar las situaciones de pobreza que se dan en la provincia. Según la propia memoria del Departamento de Acción Social de la Diputación esta ayuda “está dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral. Se otorga para la cobertura de necesidades básicas para la supervivencia y, en su caso, para los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral”.
A este recorte presupuestario debemos añadirle el endurecimiento de los requisitos de acceso a esta ayuda social. El pasado 13 de diciembre, sin ningún tipo de debate social y a hurtadillas, se aprobó vía decreto la normativa que regulará estas ayudas en el año 2012: se exige un “mínimo” de empadronamiento de 30 meses; es decir, en la misma línea de endurecimiento de acceso a las prestaciones sociales que el Gobierno Vasco. Esta situación provoca, de facto, que ninguna persona o familia vizcaína puede acceder a una ayuda social en el plazo de casi tres años.
No deja de ser curiosa la práctica política del PNV. En el Parlamento Vasco critica el recorte de derechos sociales que supone el endurecimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones sociales a cargo del Gobierno Vasco (Renta de Garantía de Ingresos, Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, Prestación Complementaria de Vivienda y Complemento de Pensiones); mientras en Bizkaia aplica los mismos recortes, que dice denunciar, a las ayudas sociales a su cargo.
Para rematar la faena la diputación de Bizkaia miente descaradamente a la opinión pública. Así, la Diputación publicita constantemente que dedica el 51% de su presupuesto a Acción Social cuando eso es falso: al presupuesto de gestión propia se le deben detraer los Complementos de Vivienda y la Renta de Garantía de Ingresos del Gobierno Vasco, que la Diputación ya sabía que no le correspondía gestionar este año; esto hace que lo que realmente se dedica a la acción social vizcaína sea tan sólo el 36,61% del presupuesto.
Esta situación de recortes sociales contrasta con los privilegios de los 68 altos cargos de la Diputación, cuyo coste total asciende a 5,3 millones de euros. ¿Para quién no hay dinero? Además, cabe señalar que la deuda pública de la Diputación es de 1.200 millones de euros, a lo que debemos añadir otros 1.100 millones de euros de las Sociedades Mercantiles Forales; el objeto de ese endeudamiento es casi en su totalidad la construcción de carreteras, sobre todo para mega infraestructuras deficitarias como la Supersur o los túneles de Artxanda. ¿Para qué no hay recursos económicos?
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA: Argilan (Bilbao), “Asamblea de Invisibles”, Berri-Otxoak (Barakaldo), Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos y SOS Racismo.